Al presentarse como querellante en el “Caso Iaccarino” en representación del Poder Ejecutivo Nacional a fines de abril pasado, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación describió someramente los hechos que habrán de ser juzgados por el Tribunal Oral Federal nº 1 de La Plata.
En nombre de la Secretaría, cuya titularidad ejerció interinamente desde el fallecimiento de Luis Eduardo Duhalde hasta el nombramiento de Martín Fresneda por la Presidenta, el secretario de Protección de los Derechos Humanos, Luis Alén, se presentó como querellante.
Al hacerlo, destacó que cumplía con lo dispuesto por el decreto 1020/06, que obliga a la Secretaría de Derechos Humanos a constituirse como querellante a fin de garantizar “que se continúe y profundice la investigación” y se “sancionen todos los hechos denunciados”.
Bajo el subtítulo “Hechos” la presentación describe esquemáticamente los que constituyen el caso:
* El 4 de noviembre de 1976 a las 8 de la mañana, una comisión policial irrumpió en el departamento dónde vivían Carlos Alberto Iaccarino y Rodolfo José Iaccarino en Santiago del Estero y los condujo a la Brigada de Investigaciones de la policía local dónde permanecieron hasta el 16 de noviembre, describió.
* Posteriormente ambos fueron trasladados al Departamento Central de Policía, en la Capital Federal dónde “ya con un trato muy duro fueron encerrados en calabozos individuales” durante “aproximadamente 15 días”. En el ínterin, puntualizó, fueron llevados a declarar a la X Brigada de Infantería , al mando del general Juan Bautista Sasiaiñ.
* En la X brigada fueron interrogados “especialmente sobre el tema del Plan Económico de su hermano Alejandro”, a cuyo encuentro (Alejandro había sido detenido en Capital Federal, al igual que los padres de los tres hermanos, que para entonces ya habían sido liberados) se encontraron en la Estación Retiro antes de ser llevados, los tres, a declarar ante un juez santiagueño.
Luego de ese trámite, los tres fueron devueltos a Buenos Aires y conducidos, encapuchados, al centro clandestino de detención conocido como COTI (Comando de Operaciones Tácticas de Inteligencia) Martínez, que funcionaba en dependencias de la Brigada de Investigaciones de Vicente López, dónde fueron alojados en una celda junto a otras ocho personas.
“Allí permanecieron continuamente torturados, en condiciones infrahumanas de vida, durante 36 días, hasta el 5 o 6 de julio de 1977” cuando fueron derivados al centro clandestino de detención conocido como “El Infierno”, que funcionaba en la Brigada de Lanús.
Allí les presentaron a dos personas, integrantes de una sociedad que les dijeron que les querían comprarles un extenso campo de 25 mil hectáreas y un avión de su propiedad. En esas circunstancias, el segundo jefe de la Brigada, el comisario Jorge Rómulo Ferranti, les dijo que si accedían a “vender” esos bienes, se irían en libertad.
Los hermanos pusieron como única condición para la “venta” que en la escritura figurara que la transacción –que “de manera completamente unilateral y extorsiva” fijaron los captores en la suma de 300 mil dólares– se hacía en la Brigada de Lanús. Una vez que esa operación estuvo formalmente finiquitada, en septiembre de 1977, los hermanos Iaccarino fueron remitidos a la U-9, la “Cárcel Modelo” de La Plata, y más tarde a Santiago del Estero, dónde fueron puestos en libertad.
Los hermanos lograron identificar a muchos de sus captores e interrogadores, y también a compañeros de infortunio y, como es lógico, a los “compradores”.
Entre los primeros están el comisario Damato y los principales Patane y di Nuncio, todos de la policía Federal, y al coronel Flores Juvet, y entre los segundos, entre muchos otros, a varios miembros de la familia Miralles. En cuanto a los “compradores”, fueron Bruno Chezzi y el ciudadano paraguayo Vicente Antonio García Fernández.
Fuente: Tiempo Argentino
